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Cancillería colombiana repudia atentado que dejó 13 muertos en Barcelona

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en nombre del Gobierno Nacional, expresa su condena al atentado terrorista ocurrido hoy 17 de agosto en la ciudad de Barcelona, que provocó víctimas mortales y numerosos heridos.

Colombia manifiesta sus más profundos sentimientos de condolencias y solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España, y hace votos por la pronta recuperación de las personas que resultaron heridas.

Colombia reafirma su rechazo a cualquier manifestación de violencia y acción terrorista, las cuales no tienen justificación alguna, y atentan contra los derechos fundamentales de las personas, en particular el derecho a la vida.

LOS HECHOS
Una furgoneta atropello a la multitud que transitaba la Rambla de Barcelona provocando 13 muertes y causando más de un centenar de heridos en una tarde de pánico en el corazón de Barcelona.

La policía autonómica confirmó que se trata de un atentado terrorista y que tenía relación con la explosión de una vivienda en Alcanar (Tarag…

Fallo contra Promigas provoca reacciones de gremios


El fallo condenatorio  a la empresa Promigas, proferido por un juzgado de Riohacha y ratificado por el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, provocó reacciones adversas en el comité Intergremial del Atlántico.

http://www.hoyesnoticiaenlaguajira.com/2017/06/promigas-y-minminas-deberan-pagar-3700.html

Al gremio le parece preocupante la decisión judicial. La empresa solicitó una aclaración del fallo emitido.

La confirmación de la sentencia de un Juzgado de Riohacha que condena a Promigas y al Ministerio de Minas y Energía a pagar indemnizaciones que suman unos $3.700 millones por un atentado perpetrado por las Farc al gasoducto Ballenas-Barranquilla en 2001, fue calificada como “preocupante” por el presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Orlando Cabrales.

El dirigente gremial en diálogo con EL HERALDO señaló que esta decisión “genera una gran incertidumbre jurídica para los inversionistas que adelantan proyectos de infraestructura” en el país.

Cabrales aseguró que es “insólito” que por un acto de un guerrillero que fue capturado y condenado se condene también a la empresa propietaria de la infraestructura de transporte de gas natural.

De acuerdo con un informe entregado por la empresa Promigas a la Superintendencia Financiera de Colombia, “el fallo desconoce que los hechos fueron ocasionados por un atentado terrorista del entonces grupo guerrillero de las Farc donde hubo un miliciano capturado y judicializado por este motivo”.

La compañía indica “esta condena sienta un negativo precedente que origina más incertidumbre legal para las empresas que invierten en infraestructura de servicios públicos. Promigas evalúa si proceden recursos excepcionales de ley contra esta decisión pues resulta muy difícil no controvertirla”.

Se conoció que la empresa solicitó al Tribunal una aclaración del fallo, la cual debe tener respuesta antes de un mes.

El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira condenó solidariamente a la empresa y al Ministerio de Minas y Energía en respuesta a una acción de grupo adelantada por los afectados con la explosión del gasoducto Ballenas - Barranquilla, a la altura del sector conocido “El Patrón”.

El gasoducto que sufrió el atentado es propiedad de Promigas y fue construido a finales de los 70 para transportar el gas producido en los campos de La Guajira.

La operación de este sistema la realiza en desarrollo de un contrato de concesión celebrado con el Minminas.

Los demandantes, encabezados por Luis Carlos Martínez Celedón, solicitaron indemnización por los perjuicios materiales y morales que les dejó este atentado en el que fallecieron 8 personas.

La acción de grupo fue fallada a favor de los demandantes por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Riohacha en 2014, fallo que confirmó el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira.

De acuerdo con el fallo a las demandas les aplica el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional, “conforme al cual el Estado responde patrimonialmente por los daños y perjuicios ocasionados a personas expuestas a un riesgo, precisando que quien debe asumirlo es la entidad que se beneficia de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio”.

Un experto indicó que el régimen de responsabilidad por actividades peligrosas permite exonerarse por causa extraña y que el Juzgado ni siquiera abordó este problema, teniendo en cuenta que se trató de un atentado.