Corte Constitucional mantiene blindaje a los acuerdos de paz

En este proceso están impedidos la magistrada Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo.
Foto: 
Corte Constitucional.
Aunque hasta hace unos dos meses entre los magistrados de la Corte Constitucional había una notable división frente a si los acuerdos de paz con las Farc deben tener o no un blindaje que les dé estabilidad, los nueve magistrados del alto tribunal llegaron a un consenso y tomaron una decisión.
Los nueve magistrados del alto tribunal avalaron  el acto legislativo 02 del 2017 que le dio un blindaje jurídico a lo pactado con la guerrilla, lo declararon exequible. 
Esa norma es clave para el futuro del proceso de paz pues estableció que futuros gobiernos y las diferentes instituciones deben cumplir y mantener los puntos del acuerdo relacionados con el derecho internacional humanitario y los derechos fundamentales. 
Así, el blindaje determinó que "las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final". 
La ley que avaló la Corte también estableció que "las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

El consenso al que llegaron los magistrados, según fuentes del alto tribunal, consistió en determinar que aunque el acuerdo no puede hacer parte de la Constitución, sí debe ser considerado como una política de Estado.

La Corte determinó que las normas de implementación y desarrollo de los acuerdos de paz deben tener una conexidad con los contenidos del acuerdo y, además, deben ajustarse “a los fines del Acuerdo Final que correspondan con tales contenidos”, tal y como lo establece la norma del blindaje. 

La ponencia (propuesta de fallo) del magistrado Luis Guillermo Guerrero, inicialmente buscaba tumbar ese blindaje jurídico, afirmando que se debían declarar inexequibles las expresiones de la ley que obligaba a diferentes estamentos del Estado a mantener los acuerdos. A su juicio, esa obligación de mantener lo pactado vulneraba la separación de poderes.

Aunque hubo mayor oposición de los magistrados Luis Guillermo Guerrero, Gloria Ortiz y Carlos Bernal, según fuentes, finalmente la Corte decidió apostarle al blindaje jurídico para conservar el derecho supremo a la paz.

La primera sesión en la Corte, que se dio el martes, inició negando las recusaciones que la candidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, presentó el 6 de septiembre pasado contra los magistrados Antonio José Lizarazo y Cristina Pardo. Ese recurso había frenado a última hora la decisión sobre el blindaje jurídico en esa oportunidad.

Tras discutir las recusaciones, la Corte estableció que los dos magistrados no tienen un interés en la decisión, no han dado un concepto previo, ni han intervenido en el trámite, por lo que su voto es objetivo, y les permitieron continuar en la votación.