Disyuntiva: "Hay que revelar la fuente informativa"

Por décadas, he opinado como columnista de varios periódicos impresos y virtuales, sobre dos áreas en las que considero tengo fortaleza. Una, en las ciencias jurídicas y la otra, en deportes. La primera, es mi profesión; y la segunda, mi pasión.

El Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Emil De Hoyos, frente al fallo de Tutela que obliga a un medio de comunicación revelar la fuente, solicita vía wastsApp mi concepto sobre el tema como periodista y abogado que soy.

Después de una profunda reflexión, tomé la decisión de hacer el siguiente pronunciamiento,  en un asunto tan delicado y controversial que amenaza eventualmente la libertad de prensa y pone mordaza a quienes han destapados los grandes escándalos de corrupción en Colombia: Los Periodistas.

En efecto, como abogado, respetuoso como el que más de la Constitución, las Leyes, sus Instituciones y Servidores Públicos en ejercicio de sus funciones, debo recordar que, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas, sean administrativas o judiciales, una vez ejecutoriadas, o sea, en firme son de obligatorio cumplimiento tanto para gobernantes como gobernados. Independientemente, si la comparte o no y/o si se ajusta o no a derecho.

Es importante aclarar esta última parte “…si se ajusta o no a derecho.”.

Para nadie es secreto que un buen porcentaje de las decisiones judiciales tienen trasfondos políticos y económicos. Ejemplo el famoso “Cartel de la Toga” que involucra y tiene sub judice, a tres ex presidentes de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

Las decisiones administrativas, una vez agotada la Vía Gubernativa ( Administrativa ), quien este en desacuerdo podrá acudir a través de apoderado en Demanda Ordinaria a la jurisdicción Contenciosa Administrativa (Juez, Tribunal Contencioso Administrativo, Consejo de Estado), en procura del Restablecimiento del derecho que considera inculcado. O, ante el Juez Constitucional a través de la Acción de Tutela, cuando considere que el actuar de la autoridad amenaza o vulnera derechos considerado por la Constitución de 1991, como Fundamentales (artículos 11 al 41 Superior).

Así las cosas, para el caso en estudio estamos frente a un fallo judicial – Tutela – que toca cumplir y cuyo término es perentorio.

Independientemente si esta es arbitraria e ilegal al tenor de los postulados de la Corte Constitucional “la inviolabilidad del secreto profesional (la reserva de la fuente) permite que un periodista guarde el secreto sobre la existencia de una determinada información, su contenido, el origen o la fuente de la misma, o la manera como obtuvo dicha información.”

Ahora bien, como periodista, considero que, obligar a los medios de comunicación (periodistas), revelar la fuente de información, sería un gran retroceso Constitucional y jurisprudencial, violatorio del articulo 20 Superior, Jurisprudencias de la Corte Constitucional e innumerables estándares de derecho internacional que protegen el ejercicio periodístico. En efecto, “ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.”.

La norma anterior, esta armonizada con La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), estableció:

“Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Frente a la coyuntura jurídica, el escenario lo podemos resumir que, la Revista está obligada a acatar y cumplir el fallo de tutela; quien o quienes se consideren afectado por la decisión, independientemente si está o no ajustado a derecho, tienen la oportunidad de solicitar a la Corte Constitucional para que aplique la Revisión a dicha TUTELA. Además, podrán acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicte Medidas Cautelares, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emite un fallo definitivo sobre el caso en estudio.

Lo que si es cierto, que, en Colombia un buen números de decisiones administrativas y fallos judiciales son violatorios de bultos del ordenamiento jurídico preestablecidos, de buena o mala fe. También tenemos Periodistas que, so pretexto de la libertad de información, por falta de rigurosidad, por querer dar la “chiva”, por intereses particulares y por desconocimiento del tecnicismo jurídico pasan por encima y vulneran derechos fundamentales como al buen nombre, dignidad humana, honra, debido proceso, entre otros.

Adenda única: Tanto para unos como otros, indiscutiblemente deben existir autoridades, que revisen las actuaciones, para garantizar la vigencia del  Estado de Derecho en paz y armonía entre sus asociados.

Escribió:

IGNACIO RAFAEL ESCUDERO FUENTES.

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Luis Alberto Mora Domínguez, Hoy es Noticia, Rosita Estéreo. Comunicador Social de la Universidad Autónoma del Caribe (Barranquilla).

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