JEP:Motivos de la renuncia del secretario general

Se revisan jugosos contratos de asesorías que firmó y retrasos en puesta en marcha de jurisdicción.


Néstor Raúl Correa renunció este martes, tras sostener diferencias en el manejo de la JEP con su presidenta, Patricia Linares.
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EL TIEMPO
Para la opinión pública la renuncia de Correa fue una sorpresa, dentro de esa jurisdicción era conocida la tensión del funcionario con algunos de los magistrados posesionados en enero, especialmente con Mirtha Patricia Linares, la presidenta del nuevo tribunal. 

Hasta la llegada de esos magistrados, Correa ejercía el poder total en la JEP: le correspondía desde resolver los trámites administrativos hasta avalar las solicitudes de ingreso de los postulados a los beneficios de la justicia transicional, incluida la libertad provisional.

Sin embargo, en enero las cosas cambiaron radicalmente. Linares asumió como máxima cabeza de la JEP y empezaron los choques con el secretario general en temas logísticos pero también de fondo. 

Por ejemplo, Correa se había asignado la oficina más grande del edificio, y tuvo que entregársela a la presidenta. Otros roces, por el contrario, escalaron hasta los organismos de control, a los que empezaron a llegar solicitudes para que se investigara cómo se invirtió el jugoso presupuesto del 2017, en los contratos para poner a marchar la nueva jurisdicción. Ahí estuvo el primer detonante.

Hace tres meses, la Contraloría le solicitó a Correa justificar en qué invirtió 11.765 millones de pesos de los 36.752 millones disponibles. Su respuesta inicial no dejó satisfecha a la entidad: dijo que Gloria Ospina, cabeza del Fondo Colombia en Paz, es quien debe responder.

A Ospina ya le tocó salir a explicar este martes la carta revelada por EL TIEMPO en la que Suiza, Suecia y Noruega piden explicaciones sobre el uso de sus donaciones. Y le acaba de admitir a este diario que su pareja tuvo un contrato clave que depende de la entidad a su cargo.
En el caso de la JEP, la lupa está puesta sobre 1.800 contratos que incluyen el enganche laboral de 195 personas y la adquisición de bienes y servicios. 
A pesar de los millonarios desembolsos, ni siquiera estaban listas las oficinas de los magistrados. Ese fue el segundo detonante. El tema desencadenó choques con la otra cabeza de la jurisdicción, el fiscal Giovanni Álvarez que encontró la Unidad de Investigación y Acusación vacía. Funcionarios han tenido que llevar sus computadores para trabajar y en oficinas no hay escritorios ni líneas fijas. 

Sin embargo, en su renuncia, de apenas tres párrafos, Correa asegura que cumplió con diseñar y poner a funcionar la JEP: “Esta labor ya la cumplí sobre la base de una concepción humanista y respetuosa de la justicia, sustentada en la dignidad de las víctimas y guiada por los más altos estándares de transparencia, eficiencia y eficacia. Me voy pues con la satisfacción del deber cumplido”.

Antes de entregar su dimisión, Correa reunió a los funcionarios en el piso 12 de la JEP y les notificó que no iba más en el cargo, al que llegó tras su paso por la Judicatura y por escogencia del comité tripartito de la ONU, el Gobierno y delegados de las Farc.
Sin poder
“Hasta enero, él mandaba en todo y cuando llegamos intentó mantener el control y funciones que ya no le correspondían”, dijo uno de los dignatarios de la JEP. Y otro agregó que llevó asesores con sueldos de primer nivel, mientras que el presupuesto para contratar el personal encargado de administrar justicia era limitado.

A eso se unió el tema de seguridad de los magistrados a quienes les alquiló carros de baja gama para sus desplazamientos que no aguantan un mínimo de blindaje. Ese fue el tercer detonante.

Y hubo otro incidente hace apenas dos semanas. Sorpresivamente, Correa ordenó como medida cautelar tomar posesión de los archivos del desaparecido DAS. Su decisión no fue compartida por la mayoría de magistrados ni por el fiscal de la JEP, que le advirtieron que no tenía facultades para eso.
El Gobierno también expresó su incomodidad con esa petición. De hecho, la viceministra de Justicia, Marcela Zuluaga, le envió una carta a la presidenta de la JEP en la que le decía que “el secretario ejecutivo carece de competencias jurisdiccionales para decretar una medida de tal naturaleza”. 

Además, en la expedición del reglamento de la JEP, el cargo de Correa perdió facultades de gobierno. Así estaba previsto en las negociaciones con las Farc y fue revalidado por la Corte Constitucional cuando revisó el acto legislativo 1 del 2017 que crea la JEP.

El alto tribunal quitó algunas de las funciones que estaban en cabeza del secretario ejecutivo, y otras que le daban un carácter de “superjuez”, como el de decidir quiénes podían o no ingresar a la jurisdicción especial.Ahora se espera un pronunciamiento del Gobierno sobre la salida y reemplazo de Correa.
Líos con Unidad de Búsqueda
La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, parte del andamiaje de la JEP, también ha tenido líos. Aunque se le asignó presupuesto para arrancar en el 2017, no ha avanzado. Su directora, Luz Marina Monzón, pidió estructurar la unidad como una agencia estatal, “en virtud de que las escalas salariales de esta última no resultaban ‘competitivas ni atractivas’ para captar personal idóneo”. Y el viceministro de Justicia, Carlos Medina, calificó de “no razonables” los argumentos de Monzón para no asumir el cargo en febrero. Esta dijo que necesitaba conseguir documentos y cerrar otros compromisos.
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